Una sonada campaña en defensa del español recorre España, ahora fogueada por la ridícula campaña del PP, el apoyo vía manifiesto de un grupo de intelectuales liberales (Vargas Llosa, Savater, Goytisolo, Pérez-Reverte) y la fingida preocupación de un puñado de académicos, los guardianes de la lengua por omisión.

Es una suerte que la dirección de la RAE haya decidido correrse de esta pantomima y haya negado la existencia de un problema de lenguas. Es una pena, por otra parte, que la institución que asume la voz del idioma no haya denunciado los intereses que existen detrás de esta iniciativa.

Es claro que el castellano no corre ni siquiera un riesgo leve de verse siquiera conmovido por cualquier otra lengua (400 millones de hablantes garantizan una vitalidad enormísima) y que incluso tiende a expandirse y a consolidarse en países no hispanos. Sin embargo, se ha instalado la idea de que nuestra lengua se encuentra en peligro (en su propio lugar de origen) por culpa del crecimiento del catalán, el euskera y el gallego.

Todas las comunidades autonómicas se mostraron sorprendidas por la acusación y negaron que exista una política contra el castellano, a la vez que reivindicaron su derecho a promover las lenguas cooficiales. El problema, como es deducible, es otro.

Tiene que ver con el derecho de una cultura a identificarse por su propia lengua y no por la que privilegie el Estado. Tiene que que ver con el prestigio y la historicidad de una lengua sobre otras. Tiene que ver, como indica manifiesto, con la imposición de una lengua, la castellana, que deberá ser común y oficial a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles y abarcar toda la vida pública, desde edificios oficiales y (…) vías públicas, (…) comunicaciones administrativas, (…) información a la ciudadanía hasta llegar a la representación política de un pueblo:

Los representantes políticos, tanto de la administración central como de las autonómicas,utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características.

A estos fascistas del idioma no les vendría mal releer la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, que casualmente se firmó, hace más de doce años, en la amenazante Barcelona. Tal vez su lectura (ya que las investigaciones de la sociolingüística sobre identidad y lenguaje no les hacen eco) les permita reflexionar y frenar la propuesta de lo que significaría un retroceso de décadas en la democracia lingüística y la pluralidad cultural. Porque España puede ser una madre querida, pero ninguno de sus hijos sufre de complejo de Edipo: ya son libres.