(Publicado originalmente en El Hormiguero)
Me llama la antención ver que, en tiempos duros de mano dura, a muchos se les escapó un dato fundamental, una revelación casual, un tesoro escondido.
Sí, entre tantos datos policiales que hacen palidecer a doña Rosa, el gobernador bonaerense Scioli terminó espetando frente a las cámaras, como para hacer entender que va en serio:
- Y de estos chicos que cometen delitos, casi el diez por ciento no va a la escuela- citó, como sumando otro crimen.
¿Por qué me pongo contento, incluso si la estadística esté ocultando la expulsión real de estos adolescentes?
Porque eso quiere decir que estos chicos en riesgo de criminalidad son -en una gran mayoría y según Scioli- nuestros alumnos. Eso significa que no es necesario crear las megacárceles para niños con las que sueña Blumberg ni regresar al infanticidio, como propone más de un ciudadano tan honorable como indignado: ya hay una institución que aloja esos chicos, y es la que más herramientas tiene para formar personas, para devolver dignidades, ofrecer horizontes y reconstruir lazos comunitarios.
Pero que den argumentos los que saben:
El representante regional de Unicef, Nils Kastberg, advirtió hace poco que “la cárcel es como la universidad del crimen para niños y adolescentes (…) [Encarcelarlos] ¿Para qué, para que entren y luego generen más inseguridad?”. Nora Schulman, titular del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), dijo que el último estudio en este sentido reveló que el 70 por ciento de los presos provienen de un instituto de menores de edad o al menos pasaron en algún momento por ellos (Blog Te vas a Marzo). “Estos reformatorios en realidad son deformatorios absolutos“. (Elías Neuman, criminólogo, Crítica de la Argentina). El consultor del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y docente de la Universidad de Buenos Aires, Diego Freedman señaló que “ampliar el alcance del sistema penal no mejora la cantidad y violencia en los delitos” (Sur y sur).
Hoy podemos empezar por otra reivindicación docente y ciudadana que solucione, entonces, este problema imposible para el Estado policial, pero factible para el Estado de derecho: exigir aumento de gabinetes de contención psicológica, programas de asistencia pedagógica y monitoreo constante del riesgo social. ¿Con qué, dirá usted, desencantado/a? ¡Pues con el hinchado presupuesto con el que se cuenta para crear los nuevos ghettos infantiles! Al fin y al cabo, somos un poco más formativos y más democráticos que los guardiacárceles ¿no?
Mientras los chicos y chicas sigan en la escuela, otras oportunidades son posibles.
Estén atentos, entonces, y actúen rápido para ofrecerlas, antes de que el sistema judicial se adelante. De eso depende que la palabra gane la batalla al garrote.